Políticos e intelectuales de América Latina llaman al régimen a 'abrirse a su propio pueblo'

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  • Cerca de 70 políticos e intelectuales convocados por el Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina (CADAL) han hecho pública una declaración en la que celebran el acercamiento Washington-La Habana, pero reclaman al régimen de Raúl Castro que "se abra a su propio pueblo".

En el texto, publicado por el diario español El País, expresidentes, politólogos, investigadores, juristas, diplomáticos, escritores y periodistas latinoamericanos destacan el "creciente proceso de normalización" entre Washington y La Habana, y la disposición de otros estados democráticos para "incrementar su interacción" con las autoridades cubanas. Consideran el proceso "una oportunidad para estimular una mayor inserción de Cuba en el mundo y mejorar las condiciones de vida de sus ciudadanos".

En contraste, condenan "la sistemática y continuada violación de los derechos humanos en la Isla; la persistencia de un modelo político centrado en el control de un partido único; la represión abierta contra quienes se aparten de las líneas oficiales, y la persistente discriminación de los cubanos frente a los extranjeros, en ámbitos que van desde los derechos económicos hasta el acceso libre a las comunicaciones y la información".

La declaración sale a la luz a dos días de que se inicie el VII Congreso del Partido Comunista.

"Ha llegado la hora de un acto de reciprocidad ante el mundo democrático, pero, sobre todo, como deber ineludible ante su propio pueblo, el régimen encabezado por el presidente Raúl Castro emprenda un verdadero proceso de apertura política y social y escuche las iniciativas de cambio de sus ciudadanos, mientras reactiva los tímidos cambios económicos anunciados con entusiasmo, pero paralizados en medio de la rigidez, el temor y la burocracia", dicen los firmantes.

"Ha llegado la hora de que Cuba se abra a su propio pueblo", insisten. Advierten que "no existe justificación alguna para continuar impidiendo que los cubanos hagan valer los derechos y libertades elementales que les pertenecen, y que son ampliamente reconocidos por los instrumentos universales de derechos humanos. Muchos de ellos, paradójicamente, han sido suscritos por su Gobierno", señalan.

Llaman a La Habana a emprender "sin dilaciones" el camino "hacia una democracia plena", ya que "cada nuevo retraso prolonga las precariedades y limitaciones del pueblo, dificulta las posibilidades de éxito y eleva los riesgos de conflicto interno".

Para comenzar a abrir el camino, dicen, es necesario que los cubanos tengan reconocidas, al menos, garantías como:

—La libertad de expresión, entendida como el derecho a buscar, recibir y divulgar informaciones, opiniones y otros contenidos, por cualquier medio y sin limitaciones, censura o represiones posteriores.

—La libertad de asociación, reunión y manifestación.

—La libertad de movimiento dentro y fuera del territorio nacional.

—El derecho de petición ante las autoridades y poderes públicos.

—El derecho a elegir y a ser elegido, en un ambiente de pluralidad, para todos los cargos públicos.

—El derecho a no ser detenido y encarcelado arbitrariamente, a tener juicios justos ante tribunales independientes y a contar con mecanismos de defensa eficaces.

—El derecho a no ser discriminado en los ámbitos educativos, laborales o sociales en razón de las convicciones políticas o religiosas, o por cualesquiera otras razones.

—La eliminación del control ideológico sobre la educación.

—La libertad de emprender iniciativas profesionales, laborales y empresariales sin restricciones, y de que los cubanos cuenten, al menos, con las mismas posibilidades que se ofrecen a los inversionistas o comerciantes extranjeros.

Ninguno de estos derechos tan elementales "pueden ser ejercidos en Cuba. Peor aún. Quienes se atreven a reclamarlos son objeto de represión abierta y marginación sistemática", critican los firmantes de la declaración.

Recuerdan que organizaciones como Human Rights Watch y la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional han denunciado un incremento significativo de detenciones arbitrarias de disidentes. Asimismo, la existencia de presos políticos, golpizas y agresiones callejeras contra opositores y la imposibilidad de formar sindicatos independientes, entre otras restricciones.

"A pesar de que el mundo y en particular Estados Unidos, cada vez se ha abierto más a Cuba, el régimen no se ha abierto a su propia población, que, salvo excepciones de privilegio, permanece sumida en la precariedad, los controles, la falta de oportunidades y la asfixia política y social", dicen los firmantes. "Hay que desmantelar este encierro; hay que eliminar el embargo político, económico y social del régimen contra los cubanos", reclaman.

"La responsabilidad directa de poner fin a esta situación es de la élite que domina a Cuba desde su partido único y Estado monolítico. Sin embargo, se extiende a los gobiernos de América Latina, hasta ahora actores pasivos e, incluso, cómplices, ante las crónicas arbitrariedades y la parálisis del régimen", sostienen.

Entre quienes suscriben la declaración están los expresidentes costarricenses Oscar Arias (Premio Nobel de la Paz) y Laura Chinchilla; los escritores y diplomáticos chilenos Jorge Edwards y Roberto Ampuero; los investigadores cubanos Armando Chaguaceda y Rafael Rojas; el argentino Jaime Malamud Goti, jurista y uno de los autores intelectuales del juicio a las Juntas Militares en su país, entre otros.

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